La inflación legal debe parar
Ayer Rajoy estaba en Santiago de Chile y Soraya Saénz de Santamaría en Madrid y yo insistía en juntarlos mentalmente. Cuando la vicepresidenta dijo que se han elaborado unas 100.000 normas estatales y autonómicas desde 1978, me acordé de lo que cuentaJosé Piñera -el hermano del presidente chileno que estaba con Rajoy- en su libro El cascabel al gato, donde relata cómo hizo la reforma de las pensiones. Ahí cita un discurso del ex presidente Eduardo Frei en 1968 donde éste decía: «Hay dos mil leyes sobre previsión en Chile. Piensen lo que eso significa. Dos mil leyes, más los reglamentos, más los acuerdos de las cajas, es decir, una monstruosidad que va en aumento». Que una república con 150 años de vida y 8 millones de habitantes tuviera todas esas leyes sólo para su sistema de pensiones era una muestra de ineficacia institucional y de un sistema corrupto. Sólo los empleados de notarías tenían 27 leyes específicas para jubilarse.
En España hoy pasa igual. Muchas de esas 100.000 normas sólo entorpecen la actividad empresarial y comercial.
Este es el resultado de 1.200 parlamentarios autonómicos ansiosos por justificar su existencia. La inflación normativa es atroz. Según el estudio Measuring regulatory intensity by the Spanish Regions (1978-2009) de los profesores Francisco Marcos, Juan Santaló y Albert Sánchez-Graells, los boletines oficiales autonómicos y el estatal han publicado 708.868 páginas entre 1978 y 2008. Los datos demuestran además que la actividad legislativa se ha ido acelerando con el paso del tiempo y se ha multiplicado por 10 en este periodo. Por ejemplo, si el boletín andaluz requirió 62 páginas para recoger toda su actividad legislativa en 1979, en 2008 requirió 43.596 páginas.
Existe evidencia empírica, además, que permite afirmar que la inflación de normas mal diseñadas confunde, retrasa e impone unos costes exagerados a toda la iniciativa privada. Hay otros estudios, como el de Anabel Zárate-Marco y Jaime Vallés-Giménez que se titula The cost of regulation in a decentralized context: the case of the Spanish regions, publicado en febrero de 2012, que sugiere que el exceso de actividad regulatoria en las regiones españolas tiene costes en términos de bajo crecimiento de la productividad que acaba afectando al crecimiento de la economía.
Si esta ley, elaborada por la secretaria de Estado de Comercio que dirige Jaime García-Legaz, prospera, el Gobierno no sólo habrá implantado la igualdad comercial y empresarial de los españoles en todo el territorio, sino que permitirá esquivar la maraña creada por unas regiones que nos abocan a absurdos tales como contar con 17 normas diferentes para reciclar los embalajes.
john.muller@elmundo.es